La sucesión de accidentes relacionados con las infraestructuras en Cataluña y otras regiones del país ha enfrentado de improviso a una realidad que, sin embargo, ha venido incubándose durante largo tiempo: los planes de inversión del Estado durante años no se han atenido a criterios de estricta eficiencia en la gestión de los recursos. En apenas dos décadas, España ha pasado de ser un país con graves insuficiencias en infraestructuras básicas a situarse en una posición destacada dentro del entorno europeo, gracias, entre otras cosas, a los fondos procedentes de la Unión. Eso ha hecho que convivan situaciones tan dispares como el progresivo deterioro de los servicios en las regiones históricamente más desarrolladas, como Cataluña, y las carencias persistentes en las más atrasadas. Es un tema de alta sensibilidad. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, acudió ayer a Barcelona para calmar la comprensible irritación de los viajeros de ferrocarril y para defender el funcionamiento del aeropuerto de El Prat, además de anunciar su próxima comparecencia en el Congreso para abordar estos asuntos.
Es preciso tomar conciencia de esta disparidad para evitar que se asienten algunos discursos políticos que tratan de capitalizar los últimos percances e incidentes explicándolos a través del agravio comparativo y del victimismo, con el riesgo de desencadenar una espiral de reclamaciones que impida abordar el problema de las infraestructuras en España desde una perspectiva general. Cataluña reclama participar en la gestión del aeropuerto de El Prat y en otras infraestructuras dependientes del Gobierno. Es una reivindicación comprensible. Pero no es menos cierto que la gestión presupuestaria del sistema autonómico a partir de un mecanismo de tira y afloja entre el Gobierno central y las autonomías, ahora institucionalizado con la oleada de reformas estatutarias, ha ido limitando la capacidad de asignación de recursos del Estado, decisiva para atender al desarrollo, pero también al mantenimiento, de las infraestructuras. Algunos ayuntamientos de grandes capitales recurrieron, además, a un endeudamiento desproporcionado para hacer frente a sus inversiones, introduciendo en el sistema un factor adicional de distorsión.
Este lento pero implacable modelo de relación entre el Gobierno central y las autonomías se ha ido consolidando en un periodo en el que la demanda de infraestructuras, lo mismo que el número de usuarios, se ha multiplicado como consecuencia del espectacular crecimiento económico, convirtiendo a España en un destino atractivo para la mano de obra extranjera. Y aunque los problemas y accidentes relacionados con las infraestructuras básicas conviertan en una tentación irresistible establecer comparaciones imposibles con el Tercer Mundo, lo cierto es que la naturaleza de los problemas es exactamente la inversa: son los de un país desarrollado que, no obstante, necesita reforzar los criterios de eficiencia para desarrollar y mantener sus infraestructuras.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de agosto de 2007