La pugna que mantienen desde hace dos meses España y la empresa Odyssey Marine Exploration ha saltado del mar a los despachos de un juzgado de Tampa, en el Estado de Florida. Allí podría decidirse el destino de las 500.000 monedas de plata que encontró la compañía estadounidense en una zona indeterminada del océano Atlántico, probablemente frente a las costas del Algarve. Tras la detención y registro de uno de los barcos de Odyssey, el Ocean Alert, el pasado mes de julio, la compañía decidió ayer contraatacar por la vía judicial pidiendo una indemnización a España por los daños causados durante el apresamiento.
La compañía explicó ayer que ha solicitado al juez de Florida que impute a España por haber obstaculizado sus operaciones y pide una compensación cuya cuantía no fijó. Esa petición fue presentada anteayer, minutos antes de que acabara el plazo concedido por el juez para que la empresa diese más información a las autoridades españolas sobre los tres pecios hallados, uno de los cuales es el tesoro de las 500.000 monedas hallado en mayo. España baraja la posibilidad de que se trate de La Mercedes, una fragata española hundida en 1804 tras librar una dura batalla con la flota británica.
En su petición al juez, Odyssey ha ido más allá. La empresa ha solicitado una orden de protección sobre la información que España esperaba obtener y que las autoridades españolas y sus abogados se comprometan a considerar esa información "confidencial". Si el juez hace caso a Odyssey, España sólo recibiría más detalles del pecio en caso de firmar esa cláusula de confidencialidad. Según la compañía, entre las razones para exigir a España mantener el secreto está el hecho de que el abogado de nuestro país, James Goold, es el jefe de la organización, RPM Nautical Foundation, que también se dedica a la búsqueda de pecios y que por tanto es competidor directo de Odyssey. La empresa británica también ha recordado que ofreció a las autoridades españolas la posibilidad de trabajar conjuntamente en la búsqueda de precios españoles en la zona donde se halló finalmente el Cisne Negro y que esta posibilidad fue rechazada por España. "Hemos dejado claro que en ningún caso hemos operado en aguas españolas y que hemos respetado siempre la legalidad internacional", dijo ayer John Morris, uno de los jefes de la empresa.
El Ministerio de Cultura aseguró ayer que responderá en los tribunales a las imputaciones que Odyssey le ha hecho "sin base real" y actuará legalmente conforme a lo que aconsejen sus abogados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de agosto de 2007