La Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (Aroga), denunció ayer las campañas de difamación que, según ellos, están promoviendo algunas organizaciones ecologistas en contra de la acuicultura. Según Aroga, las imputaciones sobre el impacto ambiental de su sector son infundadas y sólo obedecen al "desconocimiento de la actividad y a la manipulación dirigida por determinados grupos ecologistas". Los productores afirman además que el respeto por el medio marino "es una obligación y una necesidad" y que las limitaciones de vertidos y los controles son totalmente legales.
En respuesta a este comunicado, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) invitó a los productores a que organismos imparciales realicen análisis que se difundan posteriormente para demostrar así que las piscifactorías "vierten residuos contaminantes al mar". Los ecologistas insisten en sus críticas contra las "malas prácticas" en esta actividad, aunque aceptan "instalaciones bien dimensionadas y con garantías ambientales". Sin embargo, aseguran que un total de 27 de estas granjas acuícolas enclavadas en la costa gallega "no disponen de un permiso definitivo de vertido, sino de uno provisional que no implica el control de las aguas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de agosto de 2007