Salta a la prensa la probable negativa de la Comisión de Tutela de Madrid al consentimiento para que aborte una menor. Parece que de vez en cuando alguien se empeña en no distinguir entre la decisión de abortar, que corresponde exclusivamente a la embarazada, y el consentimiento para la intervención quirúrgica, que corresponde a su representante legal.
Las adolescentes protegidas por la Administración tienen como tutores legales a un cargo público. Y son tutores formales porque su vinculación con la menor es sólo legal y cesará el día del decimoctavo cumpleaños de la joven, probablemente sin haber cruzado palabra con ella. Aun así, algunas de las personas que ocupan estos cargos públicos asumen como algo personal el consentimiento para un aborto, olvidando que el problema y las consecuencias de la decisión son de otra persona. Ven la oportunidad de expresar su oposición al aborto, como si a los demás nos importara saber qué harían ellas si se encontraran en semejante encrucijada.
¡Qué indefensión de las menores protegidas! Seamos serios: no son sus hijas, ni los recién nacidos serán sus nietos. Exijamos a los cargos públicos mayor humildad y sinceridad con las adolescentes tuteladas: la decisión les corresponde a ellas, aunque sean muy jóvenes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de agosto de 2007