La Consellería de Medio Ambiente no da crédito a la decisión del Sindicato Labrego Galego (SLG) de convocar una manifestación -anunciada para este viernes en Ourense- en protesta por la declaración de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) en A Limia. "Los agricultores tienen información, tienen diálogo, un período de alegaciones y la garantía de que no van a salir perjudicados, así que otras razones habrá en las que no voy a entrar", señaló ayer el director general de Conservación da Natureza, Xosé Benito Reza, expresando su extrañeza.
El representante de la consellería compareció para advertir que la declaración obedece a un mandato de la Unión Europea -con amonestación al Reino de España por el incumplimiento- y que por primera vez en su historia, la Xunta ha publicado el proyecto en el Diario Oficial de Galicia y sacado en audiencia pública la información pormenorizada de un proyecto de la UE. "De las 14 ZEPA que existen en Galicia y de los 59 Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, ninguno ha tenido hasta ahora un procedimiento previo de información, consulta y audiencia pública", matizó Reza poniendo de manifiesto el "contrasentido" del rechazo del SLG.
"Los grupos que se están movilizando saben perfectamente que Bruselas nos obliga a crear estas zonas y que vamos a declarar menos de un tercio de la superficie de 32.000 hectáreas con la esperanza de que lo admitan los técnicos de la UE", explicó el director general. Reza garantizó que los agricultores de A Limia no se verán perjudicados por la declaración y, para que no quepa duda, anunció la adopción por parte de Medio Ambiente de "medidas agroambientales que incluyen compensaciones económicas para los afectados".
La tesis de la Consellería de Medio Ambiente tiene el respaldo de la asociación ecologista Adega, que asegura que los agricultores "lejos de resultar perjudicados, pueden recibir numerosas ayudas europeas" destinadas al tratamiento de residuos agroganaderos, a la mejora de los sistemas de riego y a la promoción de la agricultura ecológica. El colectivo se ofrece a mediar entre la administración y los agricultores para resolver el problema de falta de información, ya que, en su opinión, la declaración de ZEPA conlleva "muchos mayores beneficios que posibles perjuicios".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de agosto de 2007