Los 10 magistrados del Supremo Tribunal Federal (máximo tribunal de justicia de Brasil) comenzaron ayer la audiencia en la que tienen que decidir si abren juicio contra 40 acusados de integrar una red de corrupción para sobornar a diputados. Este caso, en el que están implicados políticos y empresarios, es el mayor escándalo desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llegó al poder, en 2003.
El fiscal general del Estado, Antonio Fernández Souza, pide el procesamiento de estas 40 personas, a los que acusa de haber formado una "cuadrilla criminal" para sobornar a los diputados dándoles una especie de propina mensual durante los dos primeros años de mandato de Lula. La audiencia es pública y se retransmite por la televisión. En su intervención de ayer, el fiscal general afirmó que se utilizó dinero público para que algunos diputados votaran "a favor del Gobierno". Según sus cálculos, fueron desviados para los sobornos al menos 55 millones de reales (16 millones de euros).
Entre los 40 denunciados figura el ex ministro y brazo derecho de Lula, el ex guerrillero José Dirceu, hoy asesor de grandes empresarios, acusado de haber sido el gran organizador de la trama. De los 40, tres son ex ministros y 11 son diputados de cinco partidos distintos. En la lista están también el ex presidente, el ex tesorero y el ex secretario general del Partido de los Trabajadores (la formación política que Lula fundó en 1980).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de agosto de 2007