El PP ha decidido presentar un nuevo recurso en el Tribunal Constitucional contra una ley del Gobierno, en esta ocasión la del suelo. Lo hace después de que se le adelantara la Comunidad de Madrid, gobernada por este mismo partido, y basándose en un apartado concreto de la ley, el artículo 22, sobre la valoración del suelo rural, que en su opinión abre la vía para una auténtica "expropiación de los agricultores propietarios".
El PP, después de hablar con varias asociaciones que representan a este colectivo, con el que tiene buenas relaciones Miguel Arias Cañete, secretario de Economía, ha decidido recurrir la norma, como antes hizo con la del matrimonio homosexual, la de igualdad o el estatuto catalán.
El artículo en cuestión señala que en la valoración del suelo rural "la renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada".
Por debajo del mercado
"En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior", añade, "podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados". Esto implica que los terrenos cercanos a zonas urbanas, que podrían llegar a ser urbanizables, se valorarán muy por debajo de lo que el mercado podría pagar por ellos, según se encargó de criticar ayer el secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga.
En su opinión, la política de suelo y vivienda del Gobierno socialista se ha demostrado como un "inmenso fracaso", y prueba de ello es la destitución de la ministra María Antonia Trujillo, sustituida por Carme Chacón.
En su opinión, la ley perjudica a los agricultores y obedece a la improvisación electoral. Las últimas propuestas en materia fiscal propuestas por la nueva ministra de Vivienda, van en contra, según Elorriaga, de las medidas desarrolladas hasta por el Ejecutivo y las del propio programa electoral del PSOE.
Chacón respondió ante este recurso del PP que la nueva norma "combate seriamente la especulación, fomenta la transparencia y el control contra el fraude y promueve un desarrollo urbanístico sostenible".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de agosto de 2007