El Ayuntamiento de San Sebastián ya está dando los primeros pasos administrativos para construir una incineradora en los altos de Zubieta. Ha remitido al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación Territorial una consulta previa sobre la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, un cambio necesario para poder levantar la planta prevista para quemar las basuras de Guipúzcoa. La reacción de la coordinadora de plataformas contra la incineración y de la organización ecologista Greenpeace no ha tardado. Ayer presentaron sus correspondientes alegaciones en contra de la modificación del PGOU para evitar que se autorice la ejecución de la planta.
Los representantes de la coordinadora se personaron en la delegación guipuzcoana de Medio Ambiente con casi 1.500 alegaciones: tres correspondientes a los grupos Donostia Bizirik, Arnasa y Ekologistak Martxan y otras 1.456 firmadas por ciudadanos particulares. Greenpeace recurrió al correo para enviar la suya. Los argumentos de unos y otros son prácticamente calcados.
Los detractores de la incineradora recalcan que los planes urbanísticos han de fundamentarse en planes territoriales sectoriales. En este caso, exponen, la redacción del Plan Territorial Sectorial comenzó hace unas semanas y legalmente habría que esperar a su aprobación para conocer dónde se puede ubicar exactamente la incineradora y realizar la modificación del PGOU correspondiente.
"Principios de legalidad"
El Plan Territorial Sectorial "nace viciado", por cuanto "lo único que se pretende con él es legalizar las decisiones incineradoras ya tomadas", indican. Ello va en contra de "todos los principios de legalidad, seguridad jurídica, transparencia, respeto a la participación ciudadana y buena administración", añaden. De esa forma se refieren al convenio de colaboración suscrito por el consistorio donostiarra, la Diputación y las mancomunidades, en el que se fija la localización de la incineradora y los plazos para la aprobación definitiva de la modificación urbanística.
Insisten además en que la ubicación prevista para la incineradora incumple el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que obliga a mantener una distancia mínima de 2.000 metros entre la instalación y los núcleos urbanos. "Hay caseríos y viviendas que están a 500 metros", destacó María Luisa Sánchez en nombre de la coordinadora antiincineración, quien lementó también la incidencia en la salud y el medio ambiente de estas plantas.
A la espera de la respuesta del Gobierno vasco, la coordinadora se ha presentado como "público interesado", lo que obliga a la Administración a informarle de los trámites que vaya realizando. Y es que su intención es seguir presentando alegaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de agosto de 2007