Óscar Moreno Gil, abogado, catedrático y ex funcionario jubilado de Hacienda, se estrenó ayer en su cargo de interventor del Rey. Dependerá de Alberto Aza, jefe de la Casa Real, pero no tendrá que dar cuenta ni al Parlamento ni a Hacienda de cómo se gasta el dinero que los Presupuestos Generales del Estado destina a La Zarzuela. Para este año asciende a 8,29 millones de euros, bastante menos que el de las principales monarquías europeas.
No podría ser de otra manera porque así lo establece el artículo 65 de la Constitución: el Rey no tiene que explicar al Parlamento sobre el desglose del dinero asignado. Por tanto está claro, y así se han apresurado a precisar fuentes oficiales, Moreno Gil no actuará ni como interventor público ni tampoco tendrá que rendir cuentas a las Cortes. ¿Por qué entonces su designación? Para guiar al Rey en todo lo que concierne a la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable del dinero de La Zarzuela, incluidos los sueldos de sus empleados.
Aun siendo positivo que el monarca quiera que un experto supervise los números de su casa, no sería un despropósito que la primera familia del país comenzara a imitar a otras monarquías, que están sujetas al control parlamentario. La reina Isabel II, cuyo presupuesto sextuplica al de su primo Juan Carlos I, debe dar cuenta a la Cámara de los Comunes de sus gastos y, además, desde 1993 paga impuestos sobre los ingresos de su patrimonio privado. La familia real sueca tiene las mismas obligaciones impositivas que cualquier otro ciudadano y sus gastos son fiscalizados por el Parlamento. ¿Por qué no seguir ese ejemplo aquí? Seguro que ese gesto sería bien recibido por la opinión pública y la institución monárquica saldría fortalecida.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de septiembre de 2007