El Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, encargado de investigar el supuesto fraude en la oficina de la Hacienda foral en dicha localidad, ha llamado a declarar a otros diez testigos relacionados con el caso. Cinco de ellos tendrán que comparecer el próximo 15 de octubre y el resto, dos días después. Esta decena de personas se suma a las 16 que deberán acudir entre los próximos 19 de septiembre y 3 de octubre.
El mismo juzgado ha dictado una providencia en la que acuerda devolver la fianza de 400.000 euros que José María Bravo, ex director de la oficina, aportó para eludir en una primera ocasión la prisión, dado que ese dinero pertenece a una tercera persona "ajena al proceso" y no puede, por tanto, embargarse en concepto de responsabilidad civil.
De esta manera, el juzgado estima el recurso interpuesto por la defensa de Bravo, quien se encuentra en la cárcel de Martutene desde el pasado 11 de julio. Ese día la juez que lleva el caso ordenó su ingreso en prisión incondicional después de que se negase a declarar. La orden fue adoptada a petición de la Fiscalía y tras descubrirse nuevos indicios que "agravan notablemente la importancia del delito".
Un mes antes, el imputado había abandonado la cárcel tras abonar la citada fianza de 400.000 euros. La resolución indica que el abogado de Bravo "ha acreditado" que esa cantidad "pertenece a un tercero ajeno a proceso". Ante eso, el juzgado debe devolver el dinero que embargó en concepto de responsabilidad civil.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de septiembre de 2007