La Generalitat y el Ayuntamiento no ahorraron calificativos para expresar su indignación por la decisión del Gobierno, que conocían desde el jueves, cuando se produjeron las últimas conversaciones. "Un ataque frontal contra la alcaldesa de Valencia y contra las instituciones valencianas", dijo el vicepresidente económico, Gerardo Camps, mientras que Rita Barberá habló de un "trágala que no va con una ciudad democrática" que la acaba de reelegir "con casi un 60%" de los votos. Para Barberá, la aprobación sin acuerdo de los estatutos del Consorcio es un acto de "prepotencia política", "una imposición por la fuerza", y un "ataque frontal para romper, por afán de protagonismo partidario, la identidad total que se ha creado entre los valencianos y la Copa del América".
Tanto Barberá como Camps defienden que el actual sistema, con la presidencia de la alcaldesa, ha funcionado bien y debe mantenerse. Barberá ha esgrimido una larga lista de acontecimientos presididos por alcaldes. Además, el PP acusa a los socialistas de actuar por estrategia electoral e "intereses meramente partidistas", como reiteró ayer el responsable económico. Barberá dijo que el Gobierno pretende "compensar" su supuesta desvinculación de la Copa en la pasada edición. "No pienso estar dedicada al capricho de protagonismo de una ministra", anunció enfadada la alcaldesa, quien lanzó que el Ejecutivo ha abierto este debate para no hablar de inversiones, que ayer mismo exigió.
Ambos rechazaron la explicación del Gobierno sobre los plazos para crear el Consorcio y aseguraron que había tiempo para negociar la semana próxima. Los argumentos del Gobierno son "pelín tramposos", dijo Camps, quien defendió que los estatutos no son vinculantes para el resto de administraciones -la ministra dijo que son "perfectamente legales"- y que la base son las obligaciones del contrato, aunque "lo lógico y razonable" es un Consorcio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de septiembre de 2007