"El alcalde imputado, Luis Díaz Alperi, ha estado siempre informado y al tanto de la tramitación del expediente", admite el juez Gómez-Angulo, instructor del denominado caso de los aparcamientos de Alicante, en un escrito que remitió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ahora llevará este caso por la condición de aforado del alcalde. El juez aprecia indicios de delito y cree necesario "seguir investigando".
El magistrado, Jesús Gómez Angulo, ha remitido una exposición razonada de competencia al TSJ, según confirmaron ayer fuentes de este tribunal, en la que resume los hechos esenciales de la instrucción del caso de los aparcamientos que construyó Enrique Ortiz en Catedrático Soler, Hermanos López Osaba y Padre Esplá. El juez de Alicante imputó al alcalde, al empresario Enrique Ortiz, a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, al edil de Tráfico, Luis Concepción, en la pasada legislatura, al técnico que informó a favor de las mejoras concedidas a Ortiz y al apoderado de la empresa constructora, los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La causa que "se encuentra en un avanzado estado de instrucción", ha pasado ahora al TSJ gracias a la condición de aforado del alcalde de Alicante, que es también diputado autonómico del PP.
En la valoración judicial que hace el magistrado que ha instruido la causa advierte de que "no pueden desestimarse de forma razonada e inequívoca las hipótesis acusatorias sostenidas por el ministerio fiscal y las acusaciones populares". El juez tilda de "cuando menos anómalo y excepcional" el cambio de dirección técnica del contrato y del órgano gestor por decreto de la alcaldía, ya que según el juez, se produjo "en un estado muy avanzado de la tramitación del expediente y cuando todas las instancias técnicas informaron en contra de cualquier modificación". En el escrito hace referencia a documentos "cuyo único propósito era sortear informes contrarios y permitir las mejoras interesadas por el adjudicatario". Del informe del director, Antonio Escobedo, estima que "considera auspiciado por una idea demasiado próxima a los legítimos pero particulares intereses de la empresa adjudicataria".
El juez concluye que el alcalde ha estado siempre informado y al tanto de la tramitación del expediente, "siendo su intervención personal y directa decisiva en todos los hitos clave" e insta a que el TSJ investigue también "la relación de amistad o confianza personal" de Alperi con el constructor Enrique Ortiz que "excede lo que podría calificarse como una cordial relación institucional".
El PSPV lamentó "tener un alcalde bajo sospecha" y pidió a la justicia que "no dilate en el tiempo" la instrucción.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de septiembre de 2007