Juan Boné, fiscal jefe de la Audiencia de Lleida, y la acusación particular mantuvieron ayer, tras cinco días de juicio, las penas para los cuatro ex altos cargos del PP implicados en una trama de corrupción descubierta en 2003 en la Oficina de Extranjería. Los acusados son Joan Barios, delegado del Gobierno durante la época del PP; Lorenzo Echarri, ex delegado de Trabajo; el policía nacional José María Vieites, y Salvador Puy, asesor de Barios.
La pena para los cuatro por un presunto delito de prevaricación es de 10 años de inhabilitación para cargos públicos. Además, el fiscal pide para Vieites otra pena de cuatro años y 1.200 euros de multa por falsedad en documento oficial. Para tres de las cuatro personas acusadas de estafar a inmigrantes, el fiscal solicita penas que oscilan entre tres años y nueve meses, y un año y medio de prisión.
El fiscal sostiene que hay base para mantener la acusación contra los cuatro responsables del funcionamiento de la Oficina de Extranjería, donde se tramitaron entre agosto de 2001 y diciembre de 2003 numerosos expedientes de inmigrantes de forma irregular, dándose un trato de favor a solicitudes que llegaron con notas manuscritas de Barios y Puy.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de septiembre de 2007