Jaume d'Urgell no tiene intención de desafiar a la justicia, pero no piensa pagar los 4.000 euros de multa que le pide el fiscal, además de un año de cárcel. Este informático de carrera y escritor de profesión, que se declara "republicano", tiene 33 años y "la suerte" de vivir de lo que escribe. Desde el 14 de mayo de 2006 está acusado por dos delitos: ultraje a España (artículo 543 del Código Penal) y desórdenes públicos (artículo 557.1). El próximo jueves se celebrará la vista oral en Madrid.
Aquel sábado, Jaume participaba en una convocatoria que surgió por teléfono móvil para protestar por la dificultad de acceso a la vivienda. Contra todo pronóstico, miles de jóvenes se concentraron en Sol y de ahí surgió la famosa Plataforma por la Vivienda Digna, que ha proseguido sus movilizaciones este año.
Jaume estaba allí, a pesar de que tiene una casa en propiedad en Madrid que comparte con su, ahora ya, marido. "También te puedes manifestar por los derechos en los que crees", comenta. Ésa fue la misma razón que le llevó a trepar aquel día por el edificio de los juzgados de lo contencioso en Gran Vía y sustituir la bandera de España por la republicana: "No tengo nada contra el Rey, pero me cuestiono la legitimidad de un sistema político. Entiendo que en una democracia no pueden existir cargos públicos no electos y, menos, que sean los máximos responsables de las Fuerzas Armadas", explica. Y añade: "Lo que de verdad debería ser un escándalo es que alguien vaya a la cárcel o pague una multa millonaria por lo que yo hice. No es un acto violento, como no lo son los que se suceden estos días [quema de fotos del Rey y de banderas españolas en Cataluña] y que reflejan que el planteamiento acerca de la forma de gobierno está de actualidad. La gente está empezando a hacerse preguntas lógicas".
Según Jaume, que ayer tenía prevista una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid "a título personal" y que, finalmente, fue anulada, "si se quiere mantener la Monarquía, aunque fuera por romanticismo, que lo decida el pueblo democráticamente", decía tras hablar para los medios en la calle. Fuentes del Ateneo de Madrid explicaron que no permitieron el acto porque "había cambiado su planteamiento: iba a ser una comparecencia personal de un socio, como Jaume d'Urgell, y luego vimos que había una plataforma detrás".
La "plataforma" a la que se referían es la Coordinadora de Organizaciones Republicanas, que ayer convocó una concentración de apoyo a Jaume. Según éste, "el Ateneo ha optado por el pragmatismo; tiene 32 funcionarios y el 80% de su presupuesto viene de arcas públicas. Es normal que no quiera arriesgarse a represalias de cara a los presupuestos del próximo ejercicio".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de octubre de 2007