La Corte de Apelaciones Criminal de Tejas decidió el martes, por cinco votos contra cuatro, dejar en suspenso durante 30 días la ejecución de Heriberto Chi, hondureño de 28 años. La decisión llegaba pocas horas antes de que los verdugos se dispusieran a aplicarle una inyección letal, y una semana después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunciase su decisión de considerar si ese castigo viola la Constitución. Cuando muchos expertos ven la paralización de esta ejecución como el principio del fin de la aplicación de la inyección letal en el Estado sureño, las autoridades tejanas anunciaban su intención de superar la decisión del tribunal de su Estado y continuar con las ejecuciones.
Chi iba a ser el preso número 27º en ser ajusticiado este año en Tejas, el primer Estado en número de condenas a pena de muerte y el primero también en peticiones de apelación. "Puede que este paso nos sitúe en la misma categoría que Estados más progresistas como Alabama o Florida. Alguien tiene que decidir sobre esta cuestión, así que vamos a parar de matar gente. Si los vamos a matar, siempre podemos hacerlo más adelante", declaró Wes Ball, abogado de Chi. Desde el año 1982, 405 presos han recibido esta inyección en el Estado. "Estoy agradecido de que haya algo de sentido común en el gran Estado de Tejas", dijo ayer el abogado. "No estamos solos en el desierto".
Violación de la Constitución
La Corte de Apelaciones dio a los abogados de Chi 30 días para exponer la cuestión de si "el método de administrar la inyección letal en Tejas es un castigo cruel e inusual" y, por tanto, viola la octava enmienda de la Constitución estadounidense. En la apelación de los abogados se dice que la inyección letal "produce un riesgo innecesario e inaceptable de que el preso va a experimentar un dolor insoportable con gran sufrimiento". Sólo quedan tres penas de muerte en Tejas hasta final de año. La siguiente sería a finales de noviembre.
Para Deborah Denno, profesora de la Fordham Law School, citada por el diario The New York Times, lo sucedido en Tejas es "un punto de inflexión". "Parar una ejecución no es extraño en el país, pero lo es en Tejas".
El fiscal general de ese Estado ha dicho que va a revisar, caso a caso, todos los expedientes de los presos cuya muerte esté programada de ahora a fin de año. El gobernador, el republicano Rick Perry, ha preferido mantenerse al margen y dejar que los tribunales decidan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de octubre de 2007