La apertura por parte de la Xunta de Galicia de más de una veintena de expedientes sancionadores a la Diputación de Pontevedra en el último año, llevó ayer al presidente de la institución provincial, Rafael Louzán, a denunciar públicamente la estrategia "de acoso y derribo" del Ejecutivo gallego sobre el organismo gobernado por los populares. "Que nos dejen trabajar", reclamó Louzán, a la vez que reivindicó que se respete el principio de igualdad institucional.
Las palabras del presidente de la Diputación de Pontevedra fueron rápidamente contestadas por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emilio Pérez Touriño, quien acusó a Louzán de actuar al dictado del PP sin asumir el sentido institucional del cargo que representa. "No sé por qué ha escogido el camino de la confrontación" se lamentó Touriño, "pero cada vez que lo escucho hablar, y es una pena, estoy escuchando a un dirigente del PP en una cruzada permanente de partido".
Dos de las actuaciones de mayor relevancia para la Diputación, como son la Ciudad Deportiva de Pontevedra y el vial que une la comarca de O Salnés con la capital por O Castrove, permanecen paralizadas desde hace meses. Respecto a la primera, emplazada en el municipio de Barro, "la Xunta comunicó al Ayuntamiento que si no se ajustaba a derecho se pondría en conocimiento de la Fiscalía". El líder provincial de los populares aseguró que, "en algunos casos, la demora es tal que no se sabe qué va a pasar con esas actuaciones".
Paneles informativos
No obstante, Louzán explicó que los expedientes se refieren a cuestiones "de toda índole ,y muchas de ellas tremendamente sorprendentes", como la ampliación y mejora de carreteras, acondicionamiento de pistas forestales y, sobre todo, instalación de paneles informativos o de señalización turística "no publicitarios", carentes todos ellos de las autorizaciones pertinentes.
Otro caso destacado por el responsable de la Diputación es el de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe. "La Vicepresidencia se atrevió a requerir una autorización de funcionamiento a un servicio que estamos dando desde 1976. Después de más de 30 años de actividad se nos pide el expediente de apertura con el fin de intentar ver si la Diputación cometió alguna irregularidad", subrayó. Y añadió que "se trata de una persecución, de otra forma no se entendería", puesto que, según sus palabras, la Diputación no recibe ningún tipo de explicación por parte de los organismos sancionadores a la hora de concretar cuál es la documentación que deben aportar para resolver esas irregularidades.
Entre ellas, también se cuentan actuaciones que afectan al patrimonio y que, de nuevo, carecen del permiso establecido. Así consta en los expedientes abiertos por obras que afectan a la capilla de Nuestra Señora de San Breixo, de Barro, o a la iglesia de Santa María de Caleiro, de Vilanova.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de octubre de 2007