La petrolera hispano-argentina Repsol YPF restó trascendencia ayer a la decisión del Gobierno de Ecuador de subir del 50% al 99% los impuestos que gravan los beneficios extraordinarios obtenidos por las petroleras sobre los precios pactados en los contratos de explotación. La compañía que preside Antonio Brufau aseguró que los nuevos gravámenes impuestos por el Gobierno ecuatoriano a las ganancias extraordinarias tendrán una incidencia sobre la actividad de Repsol YPF inferior al 1% de los resultados operativos del conjunto del grupo (unos 57 millones de euros).
La nueva carga fiscal aprobada por el Gobierno de Rafael Correa afecta a la diferencia entre el precio asignado en los contratos con las petroleras y los precios del mercado y aumentará al 99%, aunque ya estaba gravada con un 50%. El nuevo decreto justifica la decisión con el argumento de que la Constitución ecuatoriana considera un deber fundamental del Estado la defensa del patrimonio natural y la preservación del crecimiento sostenible de la economía, así como el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo.
Repsol YPF posee en Ecuador derechos mineros sobre tres bloques de desarrollo con una superficie neta de 1.225 kilómetros cuadrados, y su producción en el país alcanzó los 6,2 Mbbl (millones de barriles), a razón de 16.946 barriles diarios. La mayor parte de la producción procede del llamado Bloque 16.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de octubre de 2007