El Departamento de Interior confiaba en que el Tribunal Supremo aceptara sus tesis, ya que sostenía que lo contrario supondría introducir una "limitación a la potestad de autoorganización" que, a su juicio, "asiste a la Administración", según argumentaban en el recurso ahora rechazado.
Al publicarse las primeras noticias sobre las sentencias contrarias a la provisión a dedo de determinados puestos, el entonces parlamentario socialista del PSE y posteriormente director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, llegó a preguntar al número dos de Interior, Mikel Legarda, por dichas resoluciones. Legarda, sin perder su habitual aplomo, simplemente restó importancia al asunto y contestó a García Hidalgo que era una cuestión meramente "formal", por no haber fundamentado los nombramientos a dedo. Y le dijo que no se preocupara. Nada más lejos de la realidad, visto el sentido de la resolución final del Supremo.
El letrado de Erne se preparó para dar la batalla en los tribunales. Y ahora el Supremo ha reconocido su trabajo en la sentencia dictada el 17 de septiembre. El tribunal ha rechazado el recurso de Interior y le ha condenado en costas a pagar 1.000 euros, el importe máximo previsto, dado el "grado de complejidad del asunto y el contenido del escrito de oposición a la casación", firmado por Ernesto Martínez de la Hidalga.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de octubre de 2007