Josefa Parrilla Márquez y Carmen Martín llevan más de 30 años luchando por que se equiparen sus salarios y sus puestos de trabajo al de los hombres que realizan su misma función. Son funcionarias del extinto cuerpo de Agentes de Economía Doméstica de Extensión Agraria, creado en 1965 por el Ministerio de Agricultura. Curiosamente, el Boletín Oficial del Estado que creó este cuerpo equiparó salarios masculinos y femeninos: 16.800 pesetas y dos pagas extras de la época. La reforma de la administración del Estado en 1971, las desigualó. A los hombres los situó en el grupo B de funcionarios, mientras que ellas quedaron las últimas de la fila del escalafón funcionarial. Grupo C, nivel 15.
"Llevamos luchando desde entonces, y yo ya lo que quiero es jubilarme, porque no lo hemos conseguido en todos estos años", se lamenta Carmen, para quien el colectivo de 33 mujeres que quedan en su situación en Andalucía acabará extinguiéndose sin lograr la equiparación.
Lo cierto es que la democracia tampoco les resolvió el problema, la Junta a lo más que llegó por acuerdo del Parlamento y posterior del Consejo de Gobierno en 1989 fue homologarles el sueldo. Fallos administrativos posteriores les han mantenido aún en desventaja a lo que cobraban sus compañeros hasta que el Defensor del Pueblo intervino y en 2006 les reconocieron sus trienios.
"No hemos podido promocionar y ya nos quedaremos así, aunque pienso seguir luchando", afirma Josefa, quien para colmo comenta irónicamente que uno de sus cometidos laborales es llevar al mundo rural la información de igualdad de género a las mujeres.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de octubre de 2007