P.T., el mediador cuya voz aparece en las grabaciones del caso Construcuatro reclamando diferentes comisiones ilegales para sí mismo y para la empresa a dos compradores de viviendas protegidas, negó el pasado 2 de julio ante la juez su implicación en el fraude. Después de escuchar un fragmento de la conversación grabada con autorización judicial, P.T. rechazó que la voz que se escucha en las cintas fuese la suya y añadió que no había mantenido ninguna negociación con los dos clientes de la promotora que denunciaron el cobro de sobreprecios. El intermediario tampoco ha reconocido como suya la caligrafía de un documento en el que constan anotaciones sobre los pisos de Construcuatro.
En su declaración, P.T. desmintió además cualquier relación "de amistad o profesional" con Construcuatro, aunque sí admitió haber tramitado con la promotora los contratos de los pisos que dos de sus hijos habían comprado en el edificio Castelao del polígono de Navia. En este punto dijo desconocer el precio y las características de las viviendas adquiridas por su familia, pero apuntó que sus hijos habían ejecutado algún tipo de reforma en los inmuebles.
Su testimonio contradice la versión de los denunciantes y de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que supervisaron las grabaciones de audio. P.T. negó haber acompañado el 20 de diciembre a los dos clientes de la promotora a la sede de Construcuatro a firmar "contrato alguno" y alegó que sólo conocía a uno de los denunciantes a través de terceras personas. Del otro aseguró no haberlo visto nunca y rechazó haber tratado con él.
Dos agencias implicadas
P.T. añadió que "no es posible que la policía" lo haya visto "acompañar a esas dos personas a Pontevedra" y que en ningún caso les exigió dinero a cambio de realizar gestiones por los pisos. Explicó que uno de los denunciantes había ido a ver a un familiar suyo y que tal vez por eso había conseguido identificar su coche. Su relación con el encargado de obra de la promotora la justificó alegando que de vez en cuando se pasaba por el edificio para ver cómo iban los trabajos en los pisos de sus hijos.
La declaración de P.T. está incluida en las diligencias previas instruidas por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo que estudia el caso desde diciembre, sin que de momento haya realizado ninguna imputación. Fuentes próximas al caso han confirmado a EL PAÍS que el expediente de sanción abierto por la Consellería de Vivenda implica en el cobro de sobreprecios a las agencias inmobiliarias Silva y Veiga, de Vigo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de octubre de 2007