El de ayer en Bilbao es el primer atentado personal y personalizado -contra alguien en concreto y con intención de matar- de ETA desde la oficialización de la ruptura de la tregua, en junio pasado. De acuerdo con la estrategia de atacar a uno para aterrorizar a muchos (a todos los que se encuentren en las mismas circunstancias), la banda colocó el artefacto en el coche de uno de los 2.500 escoltas privados que protegen en el País Vasco y Navarra a las personas más directamente amenazadas. Es su forma de generalizar el temor a la vez entre los miembros de ese colectivo profesional y en el de las personas a las que protegen. Pero al hacerlo pone de relieve la mentira radical del mundo de ETA y Batasuna.
Los jefes de Batasuna que no están detenidos se aplicaron ayer la ley del silencio: se abstuvieron de condenar el atentado y ni siquiera respondieron al emplazamiento de la portavoz del Gobierno vasco a decir si era ésa "su idea de hacer política por medios democráticos". La víspera, Pernando Barrena había preguntado enfáticamente qué camino le quedaba a un país cuando "se le cierran las vías políticas y democráticas". El portavoz de Batasuna ya había contestado por adelantado que, al detener a sus compinches, el Gobierno había apostado por "abrir un nuevo ciclo de violencia".
Se trataría, según un argumento aparecido estos días en Gara, de "hacer desistir a golpes a la izquierda abertzale de sus principios". La cuestión es si entre esos principios figura el derecho a poner bombas lapa. Y si las vías políticas y democráticas que defienden son compatibles con que los diputados y concejales de los partidos que no compartan su fe deban llevar escolta para que no los maten.
De esta manera, el atentado de ayer y el silencio de Batasuna ponen de manifiesto la mentira del discurso victimista de la izquierda abertzale: la falta de igualdad de oportunidades es la que sufren quienes se oponen a ETA; y la libertad que reclaman no es la que las leyes permiten sino la impunidad para los que cometen delitos. El lehendakari Ibarretxe, desde Chile, donde se encuentra en viaje oficial, declaró que cumpliría con su "obligación de perseguir a quien cometa delitos y ponerlos a disposición de la justicia". Con ello se identificaba con, al menos, la mitad de lo que el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, había marcado como prioridades en relación a ETA: "Acción policial y deslegitimación social y política de su entorno". Poco había contribuido el lehendakari a esa deslegitimación con sus declaraciones de la víspera criticando, en nombre del diálogo por la paz, las detenciones por orden judicial de los dirigentes de Batasuna.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de octubre de 2007