Unos 2.000 vecinos, según la Policía Local, se concentraron ayer en contra del nuevo plan urbanístico de Marbella. Los manifestantes creen que el documento obligará a pagar las cargas de las viviendas ilegales a los compradores de buena fe. "Es un plan que se ha hecho de espaldas al pueblo, a asociaciones de todo tipo, y que se ha impuesto. Creemos que es un castigo para la ciudad", mantuvo José Ortiz, portavoz de la Plataforma de afectados. Los organizadores leyeron un manifiesto en el que pedían que se elimine el sistema de compensaciones y se cree una amnistía general.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de octubre de 2007