El ex diputado del PP Pedro Ortega -dedicado en los últimos años a cuestiones tan diversas como la agricultura, ganadería y pesca, el pleno empleo y los asuntos europeos- es desde ayer el presidente del renovado Consell Escolar Valencià que deberá debatir, entre otros "asuntos pendientes", la futura Ley Valenciana de Educación anunciada por sorpresa hace dos semanas por la Generalitat. Ortega tropieza, no obstante, desde su inicio con la "impugnación de dos consejeros" por parte de la confederación de asociaciones de padres de alumnos de la escuela pública Gonzalo Anaya, que considera "ilegales" los nombramientos como "personas de reconocido prestigio" del presidente de Covapa (una federación minoritaria refundada por José Antonio Ranchal gracias a los cambios estatutarios avalados por juristas de la propia Consejería de Educación) y de Nicolás Sánchez García, presidente de Federación Católica de Padres (Fcapa).
Esta primera "maniobra" -según coincidieron los sindicatos mayoritarios y la Gonzalo Anaya- busca, de entrada, "ganar dos puestos más" en un consejo de 28 miembros, donde ya están representados todos los sectores. Y supone, además, "un timo a la representatividad de las organizaciones elegidas democráticamente en las elecciones escolares", que, por cierto, se celebran el 19 de noviembre.
Albert Sansano, consejero del STEPV, recordó a Ortega que no bastan "las buenas palabras" y su anunciada "dedicación exclusiva" al consejo; sino que "tendrá que mostrarlo con hechos". Para empezar, Manolo Picó, de CC OO, pidió que demuestre su independencia política haciendo de este el "máximo órgano de debate" y dejando que la discusión llegue "a las últimas consecuencias". UGT le recordó que "lleva muchos años en política en áreas muy dispares" y le concedió un voto de confianza como "maestro de profesión" que fue.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de octubre de 2007