A un paso de sentarse en el banquillo. Esa es la situación en la que se encuentran tres ex presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña durante la época de CiU que cobraron en la década de los años noventa un total de 2,5 millones de euros por un plan de pensiones que ellos mismos aprobaron y que escondieron al consejo de administración de la empresa pública.
Después de 10 meses de investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha apreciado indicios de delitos de malversación, falsedad y prevaricación contra Albert Vilalta, Enric Roig y Antoni Herce. También imputa a Josep Verdaguer, abogado de la empresa cuando pasaron los hechos.
La decisión judicial, a la que ha tenido acceso EL PAIS, será recurrida con toda probabilidad por las defensas ante la Audiencia de Barcelona. Es muy inusual que ese trámite sirva para revocar la decisión del juez. Si se confirma, la fiscalía presentará escrito de acusación y solicitará la apertura de juicio oral, que corresponderá señalar a la Sección Sexta.
Este proceso judicial se inició precisamente a raíz de una querella de la fiscalía presentada a finales del pasado mes de noviembre contra 16 personas, todos ellos directivos de la empresa; 12 de los cuales han sido exculpados.
Consejero de CiU
El juez diferencia la actuación de los tres ex presidentes de la compañía de la de los otros 12 directivos. De Vilalta, Roig y Herce asegura que fueron quienes "decidieron el plan de pensiones, su mantenimiento y su liquidación". La resolución judicial considera que estaban "en posición de garante" respecto a los fondos sociales de la compañía y que de la investigación realizada se desprende que "su comportamiento pudo no haberse orientado en beneficio del interés social del servicio público, y pudieron haber actuado de manera distinta a cómo lo hicieron". Añade el juez que "esta dualidad de poder y deber asienta la viabilidad de exigir responsabilidad. Es decir, de responder por ello".
Vilalta fue consejero de Medio Ambiente en la época de CiU, y después ocupó el cargo de secretario de Infraestructuras con el Gobierno del PP. Él no suscribió ni se benefició del plan, pero el juez explica que tratándose de una empresa pública que, además es deficitaria, se debe reclamar a estas personas "un comportamiento de especial exigencia ética".
Sobre los 12 directivos que han quedado exculpados, el juez razona que "no puede concluirse que, a sabiendas, y con ánimo de lucro ilícito se aprovecharan" de ese dinero porque "no era de su incumbencia".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de octubre de 2007