La cita fue en casa del supuesto estafador. Una veintena de afectados por el presunto fraude de la inmobiliaria donostiarra Urbancasa se citaron ayer frente a la sede del negocio. Internet les ayudó a reunirse por primera vez para preparar su estrategia de defensa. Quieren recuperar los cerca de 900.000 euros de los que podrían haberse apropiado los responsables de esta empresa, Ángel Crespo y María Victoria Ferrer, ambos ahora en paradero desconocido. Les acusan de quedarse con el dinero que los clientes les adelantaron para la reserva de terrenos o para recibir las llaves de pisos que nunca llegaron a construirse. Hubo incluso quien les fió hasta 124.000 euros.
A los perjudicados, unos 30 hasta la fecha, sólo les queda recurrir a los tribunales. Tras quedarse sin casa y sin dinero, tampoco han encontrado el auxilio del Gobierno. La Oficina de Consumo de Guipúzcoa ha archivado la reclamación interpuesta por uno de los damnificados, debido a que los inspectores no pudieron ponerse en contacto con los responsables de Urbancasa tras intentarlo "en reiteradas ocasiones" por teléfono y en persona. La inmobiliaria está cerrada desde días. Los afectados ya han presentado varias denuncias por separado, todas por la vía penal, en Guipúzcoa y en Navarra. Sospechan que la estafa se podría extender también a Cantabria, Valladolid, Galicia y Málaga.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de octubre de 2007