Francisco Camps tuvo ayer una ocasión de oro para ofrecer algún destello vistoso de los presupuestos para 2008 que tiene previsto aprobar hoy el Consell. Esteban González Pons, portavoz del PP, le allanó el camino ante el pleno de las Cortes con bromas sobre la valenzianía del Gobierno central. Pero el presidente de la Generalitat no se salió de un guión apolillado: "El gasto social alcanza el 80% del presupuesto y el 80% del incremento de los ingresos va destinado a gasto social". Una fórmula que revela hasta qué punto el Consell carece de auténtico margen de maniobra cuando se trata de cuadrar las cuentas.
El pasado lunes, en un desayuno con periodistas, Fernando de Rosa, consejero de Justicia, desgranó toda una serie de iniciativas que aspira a desarrollar a lo largo de la legislatura. Un auténtico servicio de prevención de la violencia; casas de acogida para mujeres maltratadas y, entre ellas, un centro integral de atención, la institución de una dirección general del menor, nuevos centros de menores y, de nuevo, un centro de rehabilitación social; un acuerdo para implantar los beneficios de la carrera profesional para los 16.000 empleados de la administración general de la Generalitat en paralelo al que ya disfrutan los trabajadores de Sanidad, etcétera, etcétera.
De Rosa sólo hizo alusión al coste anual del mantenimiento de las nuevas instalaciones judiciales, "medio millón de euros cada una, y nos han concedido 20 hasta 2010".
De Rosa fue subsecretario de Justicia durante la pasada legislatura, pero la mayoría de los consejeros novatos tienen poca experiencia a la hora de negociar con el responsable de las arcas de la Generalitat. Mario Flores, consejero de Infraestructuras, era presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante; Maritina Hernández, consejera de Agricultura, era directora general del Ivex; Trinidad Miró, consejera de Cultura, era funcionaria del Ayuntamiento de Alcoy; Belén Juste, consejera de Industria, había sido directora general de Feria Valencia; o Angélica Such, consejera de Turismo, era concejal en Benidorm.
Y Gerardo Camps apenas puede permitirse florituras para compaginar las aspiraciones de sus colegas con alguna rebaja de impuestos y un notable descenso, hasta junio pasado por lo menos, de los ingresos previstos por recaudación del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de octubre de 2007