Un juez de Barcelona ha decidido mantener imputados a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra que supuestamente propinaron una paliza a un detenido senegalés, Alliou B. D., en la comisaría barcelonesa de Les Corts hasta romperle un brazo. Esos cuatro agentes se sentarán en el banquillo, mientras que otros tres, inicialmente también imputados, han quedado exculpados en el último auto del juez, que cierra la instrucción.
Los hechos ocurrieron la noche del 28 de abril de 2006 en los calabozos de la comisaría y constituyeron uno de los diversos incidentes graves que llevaron a la dirección de la policía autonómica catalana a instalar cámaras ocultas en este centro.
Cuando se produjo lo que el propio juez califica de "incidente", el policía que mandaba en los calabozos era el cabo Ignasi S. V. Allí también estaban destinados los agentes José María V. C. y Francesc Xavier N. C.. El cuarto mosso al que acusa el juez es Manuel C. T., adscrito a la unidad instructora.
El detenido declaró al juez que "alguien" le separó el brazo del cuerpo y que un policía "lo pateó hasta romperlo". Los agentes, por su parte, relataron que el detenido se resistió a ser esposado y que en el forcejeo se produjo la rotura del brazo. La otra posibilidad sería una autolesión del detenido al pasarse las manos esposadas por debajo del cuerpo, pero parece la "más improbable", dice el magistrado Miguel Ángel Tabarés. En su opinión, los cuatro policías "ejercieron fuerza física" sobre Alliou B. D. y esa actuación le produjo "una deformidad del brazo izquierdo e impotencia funcional y fractura desplazada de un tercio medio del húmero izquierdo". Cuando quedó en libertad fue sometido a tratamiento quirúrgico y ortopédico.
Alliou todavía no se ha recuperado de aquella fractura y sigue teniendo una movilidad reducida. Su abogada, Laia Serra, explicó a EL PAÍS que las lesiones que sufre Alliou son definitivas. El hombre ya no puede trabajar en las tareas del campo como hacía antes de pasar por los calabozos, acusado de tráfico de drogas. Eso hace peligrar, además, su residencia en España, al no cotizar a la Seguridad Social.
Durante la tramitación judicial del caso, el abogado de la Generalitat de Cataluña solicitó el archivo argumentando que el detenido se contradijo en sus declaraciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de octubre de 2007