Un informe interno del área de Urbanismo del Ayuntamiento, fechado el pasado mes de marzo, revela que existen un centenar de órdenes de desalojo y demolición en la Cañada Real Galiana y 50 expedientes. Según explica el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, estos expedientes están en fase de audiencia a los interesados y "presumiblemente" se resolverán con desalojo y demolición.
El informe interno del Consistorio reconoce que las casas de la Cañada no son chabolas, sino "construcciones consolidadas" y que "generalmente, no se dan circunstancias de exclusión social".
El memorando ha provocado el optimismo de Miguel Martín, portavoz de la Asociación de Vecinos del sector V -la zona en la que se produjo una batalla campal por un desalojo la pasada semana-, porque en su opinión representa "un paso hacia la legalización". Martín aseguró que este documento "cambia el escenario" de la situación de la Cañada Real y abre "nuevas puertas que hasta ahora estaban cerradas".
Sin embargo, el Consistorio ha restado importancia al informe y recuerda la situación de "ilegalidad" de las construcciones y el hecho de que estén erigidas en una zona protegida. Además, subrayan que es el Gobierno de la Comunidad quien debe aplicar las leyes de protección a las vías pecuarias. Por ello, piden que el Ejecutivo regional cree "un grupo de trabajo para que aporte cobertura legal".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de octubre de 2007