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El alcalde de Poio paraliza el derribo de chabolas

La imposibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios de las siete viviendas de O Vao sobre las que pesa una orden de derribo ha llevado al alcalde de Poio, el nacionalista Luciano Sobral, a paralizar el proceso de demolición hasta que las negociaciones con las familias lleguen a buen puerto. Una decisión que expone tanto al regidor como al concejal de Urbanismo, Xulio Barreiro, a ser sancionados por el juzgado de Pontevedra con multas que podrían alcanzar los 1.500 euros diarios y que correrían por su cuenta.

Sobral aseguró ayer que prefiere "asumir el riesgo de desobedecer la sentencia" antes que desencadenar un conflicto social, ya que los gitanos del poblado no tienen otra vivienda y los vecinos de varias zonas de Pontevedra han expresado su rechazo a convivir con ellos.

La paralización de los derribos se produce dos días antes de que concluya oficialmente el plazo para llevar a cabo las demoliciones. Ya lo advertían algunos de los afectados el pasado viernes: "Estamos muy lejos de llegar a un acuerdo". Y así ha sido. En tanto el alcalde y su equipo de gobierno continúan convocando a los propietarios para consensuar una solución, los servicios jurídicos del Ayuntamiento ultiman un informe que presentarán próximamente ante el juzgado en el que se dará cuenta de la situación de bloqueo en que se encuentran y solicitarán un nuevo aplazamiento al magistrado.

Faltan siete derribos

De los once expedientes afectados por la sentencia, dos fueron ejecutados en el mes de abril y otros dos el pasado viernes, por lo que restan siete. A pesar de que algunos de los gitanos aceptaron como solución temporal realojarse en las casas de vecinos o familiares dentro del mismo barrio de O Vao, no todos se muestran partidarios de aceptar esa propuesta. No obstante, Sobral confía en que el convenio con la Consellería de Vivenda, que anunció que se firmaría esta semana, pondrá fin a esta interrupción. Un acuerdo que contempla una inversión de un millón de euros -la Xunta aportaría 700.000 y el Ayuntamiento y los propietarios, el resto-, y que permitirá, según Sobral, la financiación de las nuevas viviendas.

El alcalde de Poio insistió en una llamada a la tranquilidad de los vecinos de la comarca porque asegura que el objetivo no es trasladar la conflictividad del asentamiento de O Vao a otros municipios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de octubre de 2007