El Gobierno se ha inspirado en las instituciones ya existentes en otras comunidades autónomas más que en el viejo proyecto de un banco público propio para plantear la creación de un Instituto Vasco de Finanzas, según fuentes de Hacienda. Comunidades gobernadas por los socialistas (Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha) y por el PP (Madrid, Valencia y Castilla y León) cuentan con entidades similares que "actúan como instrumentos ejecutores de sus respectivas políticas financieras" y en las que se ha fijado el Ejecutivo, según estas fuentes.
La creación del instituto figura en el programa de gobierno del tripartito y así lo expreso la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, en septiembre de 2005 cuando compareció en el Parlamento para explicar sus planes de legislatura. El Gobierno defiende que haya planteado su creación en una disposición adicional a los presupuestos de 2008 y no con un proyecto de ley específico porque no varía ninguna legislación sustantiva y está directamente ligado a las cuentas como "programa directivo de la actividad económica".
Fuentes del Ejecutivo se esfuerzan en rechazar que la propuesta tenga algo que ver con el fracaso de la fusión de las cajas, proyecto que apoya. Agregan que la ordenación de los instrumentos financieros no tendrá efecto sobre la política de tesorería del Gobierno en relación con las cajas u "otras entidades de crédito con las que opera".
Enmienda del PSE
Hacienda quiere configurar jurídicamente el instituto como un ente público de derecho privado frente al carácter de sociedad anónima pública que se quería dar al banco. El instituto estaría adscrito a ese departamento y dependería de una ley del Parlamento vasco, mientras el banco público iba a depender del Banco de España, ser autónomo y tener participación foral.
Las funciones del instituto serían crediticias en el marco del presupuesto anual y relacionadas básicamente con el endeudamiento. Prestaría asesoramiento financiero al Gobierno y contaría con unos recursos expresamente marcados por la ley anual de presupuestos. No tendría depósitos de las administraciones ni controlaría los coeficientes de caja de las instituciones de crédito, algo previsto en el proyecto de banco público.
El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, insistió ayer en que la intención del Gobierno "complica la negociación presupuestaria". Pastor recalcó que "el tema tiene la suficiente importancia para que se tramite por proyecto de ley y no por la puerta de atrás", por lo que reclamó que se retire del proyecto presupuestario. De lo contrario, el PSE enmendará la disposición adicional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de noviembre de 2007