Las empresas incumplen la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), que obliga a las de más de 50 trabajadores a reservar el 2% de los puestos de trabajo a personas discapacitadas (4% en la administración pública). Tres de cada cuatro empresas afirma tener entre sus empleados a personas con alguna minusvalía, pero sólo una de cada siete alcanza el mínimo exigido por la ley.
Es una de las principales conclusiones de un estudio de la Fundación Equipara, llevado a cabo a mediados de año entre más de 1.300 empresas. La fundación, que se presentó ayer, está impulsada y promovida por Mutua Intercomarcal, y la preside el consultor José Ignacio Rivero. Otra de las conclusiones es que la administración tampoco parece tomarse muy en serio la LISMI, puesto que sólo el 25% de las empresas encuestadas ha sido inspeccionada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de noviembre de 2007