Los parlamentos de Cataluña y Canarias iniciaron ayer el proceso que les permitirá proponer candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. En ambas instituciones, los grupos políticos acordaron ayer la fórmula para realizar estos nombramientos, que suponen una novedad y deben estar resueltos antes del 15 de diciembre.
Gracias a una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los cuatro magistrados que nombra el Senado serán propuestos por primera vez por las comunidades. Al Senado le toca nombrarlos antes del 17 de diciembre, cuando cesan en su mandato de nueve años.
El Senado comunicó el plazo de presentación de candidaturas el pasado viernes. Cada parlamento puede proponer dos nombres, y de entre los 34 posibles la Cámara alta elegirá a cuatro. El lunes, el Parlamento de Navarra decidió pedir una moratoria al Senado ante la imposibilidad de acordar el método de nombramiento y aportar los nombres antes del día 15.
En Cataluña, los grupos acordaron ayer darse de plazo hasta el día 10 para presentar cada uno sus candidatos. La Junta de Portavoces elegirá a los dos que se enviarán al Senado. Los candidatos tendrán que ser magistrados, fiscales, profesores, funcionarios o abogados de reconocido prestigio. Según fuentes de CiU, se presentará a aquellos que obtengan un consenso al menos igual al del proyecto de Estatuto. Es decir, todos menos el PP.
Condicionado por el PP
En Canarias, los grupos acordaron que cada uno (PP, CC y PSOE) propondrá un nombre antes del día 12. La Cámara propondrá a su vez al Senado a los dos candidatos que obtengan más votos en una sesión plenaria el día 13.
Todo el proceso está condicionado gravemente por la oposición radical del PP. Este partido tiene recurrida por inconstitucional la ley, e incluso recurrió también por inconstitucional el Reglamento del Senado que ha permitido poner en marcha el proceso.
Aunque aún no hay una posición formal del PP, lo más probable es que las autonomías que domina no presenten candidatos. Por parte del PSOE, la única consigna es que los candidatos sean de consenso, lo que, en las circunstancias actuales, viene a dejar en manos del PP el boicot a la renovación del Constitucional. En último caso, los votos del PP son imprescindibles para aprobar los nombramientos en el Senado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de noviembre de 2007