El Tribunal Supremo abrió ayer la puerta a la revisión del plan aprobado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de derribar las naves laterales del edificio histórico de Tabacalera para que una empresa privada construya viviendas. El alto tribunal dio la razón al colectivo Salvem Tabacalera al admitir a trámite su recurso contra la negativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano a paralizar cautelarmente el planeamiento de la antigua fábrica, lo que impedía iniciar la demolición.
La decisión judicial de que se revisará esa resolución llega con la piqueta en plena faena. Desde el pasado lunes, las máquinas derriban ladrillo a ladrillo las naves para las que el colectivo, los socialistas y diversas instituciones, incluido el Ministerio de Cultura, han pedido protección. Por ello, Salvem Tabacalera pidió al TSJ que actúe "de oficio y paralice los derribos" que mutilan el complejo arquitectónico. El Supremo puede tardar meses en decidir si procede o no la suspensión provisional de la demolición. De no pararse las obras ahora, un futuro auto que aceptara detener el plan de Barberá no tendría efecto.
Salvem Tabacalera solicitó el amparo del Supremo después de que el TSJ rechazara elevar su recurso al considerar que su rechazo a parar las obras de forma cautelar era firme. Pero como ya ocurrió en el caso del plan de El Cabanyal, el alto tribunal ha enmendado la plana a los magistrados valencianos y se ha declarado competente para examinar la resolución. Para el colectivo que defiende la preservación de Tabacalera y rechaza el pelotazo urbanístico a su costa, se ha perdido un tiempo precioso en estas idas y venidas.
El PP se mantiene en sus trece. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, negó cualquier interés patrimonial a las naves laterales y presumió de llevar adelante una "rehabilitación integral" de lo que considera el edificio "originario".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2007