El Ministerio del Interior deberá indemnizar con 240.405 euros -que se suman a los 120.202 euros que ya pagó- a los padres de un joven que fue asesinado en 1996 por Alfredo Sánchez, un peligroso delincuente que se había fugado siete años antes durante un permiso. Entre ambas fechas, Sánchez había sido detenido 39 veces sin que se ejecutara la orden de busca y captura que pesaba sobre él.
La sentencia del Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por los padres del joven después de que Interior rechazara su reclamación. Y concluye que el "anormal funcionamiento de los servicios penitenciarios" posibilitó la fuga de Sánchez, que luego no fue detenido.
La resolución subraya que los perjudicados por un delito no tienen por qué "soportar los riesgos que objetivamente debe asumir la sociedad en la concesión de los beneficios penitenciarios".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de diciembre de 2007