Solos en su mayoría absoluta. El PSOE no encontró ayer ningún aliado para apoyar la reforma de la ley de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), cuya principal novedad es la elección del director general por el Parlamento. La historia de esta ley, aprobada en el último pleno ordinario de la legislatura, es un claro ejemplo de la falta de voluntad política del PSOE de situar en el primer plano de sus prioridades la desgubernamentalización de la televisión y la radio públicas.
Esta ley entró en el Parlamento en septiembre de 2004. Dos años más tarde la retiró el Gobierno que volvió a registrarla en junio de este año. En este largo recorrido no ha conseguido sumar apoyos pese a que el presidente andaluz, Manuel Chaves, se comprometió en su investidura a que en esta legislatura el director general fuese elegido por una mayoría cualificada del Parlamento.
Según el PSOE, la culpa es de los partidos de la oposición porque cada uno de ellos ha querido tener en exclusiva la llave para elegir al alto directivo junto a los socialistas a cambio de no se sabe bien qué contraprestaciones.
La versión de la oposición es diametralmente opuesta. El PSOE no ha querido consensuar la ley durante los dos meses de trabajo en comisión parlamentaria. Lo dijeron los portavoces del PP, IU y Partido Andalucista. Cada uno de ellos defiende una mayoría cualificada distinta, pero todos abominan de la disposición transitoria tercera. Este artículo establece que sólo por una vez el directivo puede ser elegido por mayoría absoluta si no es posible por dos tercios (73 de 109 diputados) en primera vuelta y por tres quintos (66) en una segunda.
"Ustedes no han escuchado a nadie porque no han tenido interés. Esta ley es la de yo me lo guiso y me lo como", dijo la diputada popular María José García Pelayo. "No ha habido ni el más mínimo intento de diálogo en el último proceso de negociación", sostuvo la portavoz de IU, Concha Caballero, quien afirmó que la ley andaluza "esta por debajo" de la ley estatal en transparencia. IU, pese a todo, se abstuvo.
La socialista Pilar Gómez Casero defendió la "cláusula antibloqueo" de la ley para evitar situaciones como la de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Trabajadores de la RTVA se concentraron ayer en las puertas del Parlamento para rechazar una ley que, afirman, abre las puertas a la privatización.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de diciembre de 2007