La pobre asistencia a la concentración convocada la semana pasada en Madrid por socialistas y populares -y boicoteada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el Foro Ermua y la Radio de los Obispos- para pedir la derrota de ETA tras el doble crimen de Capbreton no hizo sino poner en evidencia la desconfianza y la animadversión sembradas en esta legislatura entre los votantes de los grandes partidos de ámbito estatal a causa de sus posiciones frente al terrorismo.
Es indudable que los portavoces del PP propaladores de la teoría de la conspiración inventaron la leyenda de los pactos ocultos entre Zapatero y ETA -antes y después del 11-M- de manera fría y sin creerla cierta. También es verdad que el curso de los acontecimientos ha demostrado el carácter burdamente fraudulento de esas calumniosas imputaciones. Sin embargo, la semilla de la mentira ha prendido con fuerza en los medios más hostiles al Gobierno. Esos enconados recelos hacia el Ejecutivo alimentados por la pasión no cederán de inmediato ante las razones y tardarán en disiparse; también los socialistas tachados injustamente de socios de los terroristas necesitarán tiempo para olvidar sus agravios.
Los vínculos de confianza forjados entre los ciudadanos, más allá de sus identificaciones ideológicas y políticas, aseguran la cohesión de las sociedades pluralistas sometidas regularmente a las alternancias en el poder. Del restablecimiento de esos lazos gravemente deteriorados durante estos cuatro años depende la supervivencia de la democracia en nuestro país. Para alcanzar esa meta resultan contraindicados los intentos del PP de someter al presidente del Gobierno a una nueva Jura de Santa Gadea, aquella ceremonia burgalesa a que habría sido obligado Alfonso VI como prueba de su inocencia en la muerte de su hermano Sancho.
En lugar de reconocer que los maliciosos juicios de intenciones instruidos contra Zapatero -y las paralelas sentencias condenatorias basadas en hechos inventados- a causa de su imaginaria capitulación secreta ante ETA estaban de raíz equivocados, los falsos magistrados del tribunal prevaricador -formado por los portavoces populares y sus periodistas de corte- siguen exigiendo a un Gobierno eternamente culpable nuevas pruebas exculpatorias. Con este fin, el PP defendió ayer en el Congreso una proposición no de ley -rechazada- sobre la imprescriptibilidad de los delitos terroristas de la que colgaban dos prendas complementarias: de un lado, la anulación de la resolución aprobada el 17 de mayo de 2005 por la Cámara baja sobre las condiciones posibilitadoras de un proceso de final dialogado de la violencia sin contraprestaciones políticas; de otro, la ilegalización de las segundas marcas de Batasuna representadas en el Parlamento de Vitoria y en varios ayuntamientos vascos y navarros.
Los señalamientos procesales para la presentación de esas nuevas pruebas requeridas por el PP forman una absurda amalgama. La imprescriptibilidad de los delitos terroristas es una medida probablemente inconstitucional que exigiría la reforma del Código Penal. Tampoco hay motivos jurídico-políticos para anular la resolución del Congreso de 2005 sólo por los errores cometidos en su aplicación. El incumplimiento de las condiciones impuestas por el Parlamento a fin de permitir la negociación del Ejecutivo con la banda terrorista -cuya "clara voluntad" para poner fin a la violencia "en actitudes inequívocas" brilló por su ausencia durante el segundo semestre de 2006- fue evidente; la insuficiente diligencia o la mera torpeza del Gobierno para cortar a tiempo sus contactos con ETA aún no han sido explicadas. Sin embargo, la rendición condicional de una organización terrorista con centenares de presos en las cárceles de España y de Francia es una hipótesis que no puede ser abandonada.
La ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK son sus siglas en Euskara) como segundas marcas de Batasuna merece una reflexión diferente. No es necesario escuchar los airados trinos de los portavoces del PP para considerarla justificada. EHAK consiguió 9 representantes en las elecciones al Parlamento vasco en abril de 2005; ANV logró 337 concejales y 17 alcaldías por mayoría absoluta en los comicios de 2007 en el País Vasco y Navarra. Ni la fiscalía ni el Gobierno han descartado el ejercicio de la acción adecuada -cuya legitimación procesal les está reservada- para poner en marcha la correspondiente demanda ilegalizadora ante el Supremo. Hasta ahora fiscalía y ejecutivo han disculpado su pasividad con el inconvincente argumento de que no tienen todavía indicios suficientes de la conexión de ANV y de EHAK con el brazo político de ETA; sin embargo, no corresponde a la acusación sino al tribunal la valoración de las pruebas. La petición ilegalizadora del PP tal vez llegue a destiempo: el fiscal y el Gobierno parecen resueltos -más vale ponerse una vez colorado que cien amarillo- a interponer la demanda ante el Supremo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de diciembre de 2007