La causa abierta contra el ex magistrado de Marbella Francisco Javier de Urquía por recibir supuestamente dinero de Juan Antonio Roca a cambio de resoluciones favorables ha terminado la fase de instrucción y está lista para la celebración del juicio oral. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pasquau decretó ayer que la causa por prevaricación y cohecho siga adelante por el procedimiento abreviado, con lo que sólo falta que la Fiscalía redacte su escrito de acusación.
En su resolución, el magistrado instructor dice que "no alberga duda alguna" de que las anotaciones contables de 78.300 euros encontradas durante la investigación del caso Malaya en los despachos de Roca, supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí, "constituyen el reflejo de entregas efectivas que Juan Antonio Roca efectuó a favor de Francisco Javier de Urquía". El instructor considera que "existen indicios racionales" para creer que Roca entregó ese dinero al juez Urquía "en consideración por su condición o actuación como magistrado" y que "éste aceptó la dádiva". El magistrado Pasquau considera insuficientes las pruebas aportadas durante la instrucción por la defensa del juez Urquía, apartado del servicio desde julio.
El juez Urquía está acusado de aceptar el pago de esos 73.800 euros en negro para la compra de su vivienda y de asesorar al presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí para conseguir la suspensión de un programa de televisión local sobre su patrimonio.
Por otro lado, Ecologistas en Acción ha denunciado por supuesta prevaricación administrativa al Ayuntamiento de Marbella por no revisar unos 1.000 expedientes de licencias y otros acuerdos urbanísticos ilegales dictados por las distintas corporaciones del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre julio de 1991 y marzo de 2006. El equipo de gobierno de Ángeles Muñoz (PP) se niega a revisar esos expedientes alegando falta de personal en las dependencias de Urbanismo y ha decidido esperar a que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, previsto para otoño de 2008.
Mientras tanto, Julián Muñoz y otros seis ex ediles de Marbella en la era GIL han sido condenados a penas de multa de hasta 9.000 euros e inhabilitación por nueve años por dar tres licencias ilegales a particulares para construir chalés en 1997.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de diciembre de 2007