El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ha anulado el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta que declaró que las empresas del grupo minero Boliden, responsables del vertido tóxico de Aznalcóllar, estaban "obligadas solidariamente" a reembolsar los costes asumidos por el Gobierno regional, valorados en 89 millones.
El alto tribunal andaluz ha dado la razón a la multinacional sueca tras analizar su recurso presentado en 2004, según adelantó ayer Diario de Sevilla. La Sala de lo contencioso-administrativo del TSJA ha concluido que en la fecha en la que la Junta culminó el procedimiento administrativo para exigir el pago de los gastos, "no existía precepto legal alguno" que le permitiera exigir "la reparación de unos daños amparados en un título de derecho privado".
A partir del desastre, que afectó a 4.600 hectáreas, la reciente ley de Responsabilidad Medioambiental ha reformado la reparación de daños, pero el TSJA recuerda que esta ley no resulta aplicable en sucesos anteriores a abril de 2007. Tras la sentencia del TSJA, la Junta agotará la vía contencioso-administrativa mediante un recurso de casación en el Tribunal Supremo.
La Junta aclaró ayer que si el recurso de casación no diera resultado por la vía "jurídico administrativa", preguntará al Tribunal Supremo "para que nos indique cuál es la vía adecuada", indicó ayer la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de diciembre de 2007