El programa de incentivos económicos para el profesorado de centros públicos que pondrá en marcha la Consejería de Educación en enero no suscita un apoyo unánime. Los sindicatos CC OO, UGT y ANPE apoyan la medida, mientras que el CSIF, en contra de lo que afirmó la consejera de Educación, Cándida Martínez, en una entrevista (Ver El País Andalucía de ayer), rechaza esta medida.
José Manuel Fernández, responsable de Enseñanza Pública de CC OO, recalca que "no se quita nada a nadie, sino que se busca motivar la consecución de unos objetivos que cada centro establecerá".
Sonia Gaya, secretaria de Enseñanza Pública de Andalucía de UGT, respalda la medida porque ve los incentivos como "una forma de dinamizar el trabajo de los centros".
Francisco Hidalgo, presidente en Andalucía del sector de enseñanza del CSIF, se opone a la medida porque cree que "muchos centros no podrán estar en el programa, ya que las condiciones las va a poner una comisión".
Francisco Padilla, vicepresidente de ANPE-Andalucía, destaca como positivo el "carácter indefinido" en el tiempo de la medida y considera negativo que "la Consejería confunda el desarrollo del incentivo con un complemento de productividad".
Manuel Rojas, director del Instituto Gustavo Adolfo Bécquer de Sevilla, afirma: "Nuestro interés es que los alumnos obtengan los mejores resultados. Si, además, la Consejería nos premia, pues bienvenido sea".
Julia María García Moreno, directora del Instituto Carlos Hayas de Sevilla, se muestra "bastante escéptica" ante la medida. García Moreno opina que la medida "aumentará la burocracia".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de diciembre de 2007