El fiscal Lorenzo Sacaluga, responsable del caso Rilco, que investiga las irregularidades presuntamente cometidas por dos ex delegados del PP en la Zona Franca de Cádiz para impulsar un portal informático de comercio electrónico con Iberoamérica, aguarda un informe pericial encargado a un experto designado por la Junta para cerrar su acusación contra los dirigentes populares y contra los responsables de las empresas Miami Free Zone y Telvent. "Existe alta probabilidad de que haya un juicio", aseguró Sacaluga, quien ya ha visto indicios de que durante aquella etapa el Consorcio fiscal pagó dos veces por el mismo servicio.
El trabajo pericial se centrará en la valoración y utilidad de los equipos informáticos de Rilco. Un informe de la Universidad de Sevilla revelaba que se pagó más de seis millones de euros por un material que apenas valía uno. Ese informe fue contrastado con otro presentado por las defensas.
Ahora, a petición de la fiscalía, la Junta ha designado a un perito que realizará un tercer informe. "Es importante para contar con una acusación sólida que pueda prosperar", reveló Sacaluga.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de diciembre de 2007