La ratio de renuncias por denuncia en Andalucía se sitúa en el 9,6%, similar a la media española (9,34%). Y la mayoría, según los expertos, lo hacen por presiones de su entorno y por la dependencia emocional y económica de la mujer sobre su pareja.
"A la mujer le cuesta dar el paso de denunciar y nos encontramos con que, cuando se deciden a hacerlo, recibe presiones y muchas mujeres llegan a pensar que lo que están haciendo está muy mal, se sienten culpables. Demuestra la propia inseguridad de la mujer y que estamos ante una situación muy compleja", advierte el forense Miguel Lorente, director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia.
Por su parte, Amparo Díaz reconoce que las renuncias son fruto de decisiones tan "comprensibles como dramáticas". "Es difícil explicarle a una mujer que lo normal es que se pase un año esperando juicio, con lo que significa para ella estar ese tiempo recibiendo amenazas para que retire su denuncia". Díaz alerta de un problema que suele venir aparejado de esta demora: si no hay medida de alejamiento, en ese plazo el agresor "se relaja" y puede haber nuevas situaciones de riesgo. Además, cada vez son más frecuentes lo que en el argot judicial conocen como "mensajeros" o "agresores instrumentales": personas vinculadas al agresor que presionan a la víctima para que se eche atrás.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de diciembre de 2007