La comisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa que investiga las responsabilidades políticas en el presunto fraude de la Hacienda de Irún ha citado a declarar el próximo 18 de enero al principal imputado, el ex director de esa delegación, José María Bravo, y a la trabajadora de dicha oficina cuando se supone que ocurrieron los hechos, Pilar Gracenea, también encausada.
Las Juntas ya anunciaron el pasado noviembre su intención de llamar a declarar a Bravo y Gracenea, pero estaban esperando el pronunciamiento de Almudena Ovejero, la juez encargada de instruir el caso. Se ha limitado a respoder que el Juzgado no tiene competencia para autorizar o desautorizar estas comparecencias, por lo que ambos han sido citados para el próximo mes, aunque no tienen obligación de acudir. Tampoco el resto de las personas que serán llamadas, entre las que se incluyen los responsables políticos de Hacienda entre 1991 y 2006. Pero el presidente de la comisión, Julio Astudillo, ha subrayado que su incomparecencia supondría "un hecho grave desde el punto de vista institucional y político".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de diciembre de 2007