El Conselleiro maior del Consello de Contas, Antonio López, abogó ayer por "deslindar" la política de cuestiones, que aunque estén vinculadas a ella, "tienen que judicializarse". El máximo responsable del organismo fiscalizador se refirió así, en una entrevista en la Radio Galega, a la decisión del Parlamento de enviar las conclusiones de la comisión de investigación sobre la Cidade da Cultura a la Fiscalía.
López evitó pronunciarse sobre el gesto del presidente de la Xunta, quien en el momento de la votación de las conclusiones abandonó el hemiciclo para refrendar su desacuerdo con la medida pactada por los grupos de PSdeG y Bloque. Pero añadió que las posibles irregularidades cometidas por el anterior gobierno del PP en la gestión del proyecto del monte Gaiás "ya están en parte judicializadas", dado que un juzgado de Santiago tiene conocimiento de ello y recordó que el informe de Contas fue enviado además al Tribunal de Cuentas, el órgano competente para exigir responsabilidades contables. En su informe de fiscalización del año 2004, Contas acusaba a la Xunta de Manuel Fraga de "abdicar de la gestión prudente de los fondos públicos" y enumeraba un rosario de irregularidades contables y administrativas en la tramitación de la Cidade da Cultura.
El conselleiro maior negó sentirse "orgulloso" de la notoriedad alcanzada por la entidad que preside a raíz de la fiscalización del macrocomplejo cultural ya que el informe sirvió para "poner en conocimiento general" un documento que revela "una gestión con problemas en una inversión importante". No obstante, se felicitó de que, a pesar del debate político posterior, nadie "haya puesto en solfa ni criticase, salvo en pequeños matices el trabajo riguroso del Consello de Contas". López recuerda que Contas se limita a exponer los hechos "con el mayor rigor posible" y pronosticó que en futuros informes trabajará con la misma dinámica e independencia para "poner de manifiesto lo que haya que poner".
Por otra parte, en la misma entrevista, López, como había hecho durante el anterior mandato su antecesor en el cargo, sugirió condicionar parte de la financiación de la Xunta a los ayuntamientos, a que los alcaldes rindan cuentas ante el Consello, algo que se niegan a hacer 88 regidores municipales, uno de cada cuatro. Abogó por esta fórmula aunque recordó que Contas podría optar por otros mecanismos como las sanciones coercitivas para presionar a los ayuntamientos reincidentes. No obstante, admitió que las multas tendrían sentido en el caso de que el número de incumplidores fuese mucho menor.
"No pasa nada"
El hecho de vincular las subvenciones a su colaboración con Contas serviría según López para desterrar la idea, extendida entre los alcaldes, de que "no pasa nada" si no presentan su contabilidad en tiempo y plazo. Para facilitarles esa tarea, el conselleiro maior propuso como primera medida poner "toda clase de medios y ayudas a los municipios para que cuenten con los instrumentos oportunos que les permitan rendir cuentas. López abogó por implicar a todas las administraciones, autonómica y provinciales, para trabajar "en esa dirección".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 31 de diciembre de 2007