El Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto conceder un año de tregua a los bares de alterne que solicitaron la licencia para ajustarse a las condiciones de la ordenanza municipal que regula estos locales. La moratoria para adecuarse a la norma expira hoy y los dueños de los prostíbulos ganan así un año de tiempo para negociar algo imposible de cumplir. La ordenanza obliga a los locales a no lindar con fincas de vecinos y a estar a no menos de 200 metros de lugares protegidos como escuelas, iglesias, hospitales o entidades públicas.
La realidad es tozuda. La Asociación Catalana de Empresas de Clubes de Alterne (ACECA) calcula que en Barcelona existen 200 prostíbulos y sólo 26 han tramitado la licencia. La ordenanza exigía desde la insonorización de los locales a mejoras en las condiciones de seguridad pasando por la instalación de servicios sanitarios en las habitaciones. La inversión en algunos casos ha sido millonaria. El Ayuntamiento no aclaró ayer oficialmente qué política adoptará con estos prostíbulos, cuya licencia caducaba por lindar con pisos e incumplir el radio de los 200 metros, ni con los 180 clandestinos, que están en el limbo. "Estamos pendientes de una reunión con ellos", dijo un portavoz municipal.
La moratoria de un año, equiparable al plazo para realizar las obras, es sólo un ligero alivio para el colectivo. "Nos podían cerrar hoy mismo y es una alegría relativa porque en un año estaremos igual. Nos piden cosas que no se pueden cumplir", lamentó Oriol Gessé, portavoz de ACECA. Clarisa Velocci, portavoz de la asociación Genera, que defiende los derechos de las prostitutas, criticó la ordenanza: "Parece que esté enfocada a evitar un conflicto vecinal cuando la gran mayoría de la gente no lo tiene. Es dar la voz de fuego cuando no hay incendio".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de enero de 2008