Enrique Remón, fiscal coordinador de Alzira, no adscrito a ninguna asociación profesional, aseguró ayer: "Los datos sobre la Fiscalía de Alzira son objetivos, son las condiciones en las que trabajamos. Yo he enviado tres cartas a la consejería y no me ha contestado. Nos faltan funcionarios, tenemos 250 causas paralizadas, despachos lamentables y falta de espacio para atender adecuadamente al ciudadano". Remón defendió así los datos sobre la mala situación de la Fiscalía que ofreció Gabriela Bravo, presidenta nacional de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ayer también recibió el apoyo de la Associació de Juristes Dones d'Alzira, ante la reacción del consejero de Justicia, Fernando de Rosa, después de que hiciera públicas las carencias en distintas sedes. De Rosa dijo que el retrato ofrecido por Bravo "era más propio del No-Do", y aseguró que era una "opinión personal" o, como mucho, de una asociación, no de la Fiscalía.
La UPF respaldó ayer a Bravo y afirmó que el objeto de las críticas fue "solicitar una actuación rápida ante la situación en las Fiscalías de Alicante y Valencia".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de enero de 2008