El transporte público gallego está hoy desintegrado en una selva de más de 200 concesionarios con 2.400 autobuses de líneas urbanas, interurbanas, de corta y larga distancia. Cada empresa defiende su concesión a muerte, en perjuicio de los viajeros: el concesionario urbano no permite paradas en la ciudad a las líneas interurbanas, lo que obliga a cada viajero a gastarse dos o tres billetes, por ejemplo, para ir desde Gondomar al hospital de Vigo.
El plan que elabora la conselleira María Xosé Caride persigue, precisamente, erradicar la antigua cultura del autobús de línea, para dar el salto a los consorcios de transporte metropolitanos.
La modernización del transporte incluye la aprobación de una nueva ley para reorganizar las concesiones de líneas de autobuses. La nueva legislación reduce las concesiones a un plazo máximo de 10 años, y establece obligaciones más estrictas a las empresas para renovar sus flotas de autobuses, aumentar sus frecuencias y mejorar sus sistemas informáticos, de información al cliente y de fiabilidad con sus horarios.
La Consellería acompaña su mayor exigencia con más dinero en todas las partidas, tanto para la instalación de paradas y marquesinas, como para integrar a los ayuntamientos (titulares de las concesiones del transporte urbano) y apoyar la informatización, para que todos los autobuses puedan operar con las nuevas tarjetas de transporte metropolitano. El sistema se está ensayando a pequeña escala desde 2005 en las áreas de A Coruña y Ferrol. La informatización permite a la Xunta contabilizar el número exacto de usuarios para liquidar el pago de las subvenciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de febrero de 2008