La próxima ofensiva de la Generalitat contra el humo aguarda el resultado de las urnas. El decreto que ampliará la prohibición de fumar a los locales en que se manipulan alimentos, medida que el Departamento de Salud planteó en septiembre, no progresará hasta que se conozcan los rostros del próximo Gobierno. "El resultado electoral fijará qué oportunidades tenemos para que la ley antitabaco siga avanzando", puntualizó ayer el director de Salud Pública, Antoni Plasència, en referencia a los comicios legislativos del próximo 9 de marzo.
Endurecer la norma ahora podría comportar a los socialistas pérdida de votos. Si la decisión se condiciona al resultado electoral, este desgaste no existe.
La senda que marca la ley, entiende Salud, pasa por erradicar el humo de los locales públicos. El decreto que plantea Salud se basa en un criterio distinto del de la ley estatal -si el local es mayor o menor de 100 metros cuadrados, en cuyo caso no se puede fumar- para prohibir que haya humo de cigarrillo allí donde se manipulen alimentos. Ello significaría que no se podría fumar en ningún bar ni restaurante con independencia de su capacidad.
En caso de adoptarse la medida, se ampliaría la brecha que separa a Cataluña del resto de territorios a la hora de aplicar la misma ley, ya que la norma estatal prevé que las autonomías la puedan endurecer, pero no rebajar. Comunidades como Madrid y Valencia, ambas gobernadas por el PP, ejercen un control más laxo e incluso contradicen en algún aspecto la normativa estatal, aprobada por el PSOE. Se trata de un conflicto con tintes partidistas en el que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, llegó a aprobar en 2006 un reglamento que permitía fumar en cafeterías de empresa y en actos privados.
Esta desigualdad, que Plasència lamentó, dificulta las negociaciones de Salud con el sector restaurador catalán. "Ya es suficiente. No pueden exigirnos una situación aún más dura que al resto del Estado", manifestó ayer el presidente del Gremio de Restauración de Barcelona, Gaietà Farràs, ante la posibilidad de endurecer las norma antitabaco. "O nos tratan a todos igual o estamos en contra", concluyó Farràs, que el próximo día 20 tiene previsto reunirse con la consejera de Salud, Marina Geli, para comunicarle la postura del Gremio.
Ante los recelos del sector, Plasència dio a entender que se ha decidido esperar y ver qué horizonte se dibuja en el panorama nacional. "Cuanto más compartida sea nuestra postura en el territorio español, más posibilidades tendremos de ampliar la ley", resumió, para añadir que lo esencial es que la medida ha tenido efectos positivos. "Nadie puede decir que no mejora la salud de los ciudadanos", subrayó.
La venta de tabaco, tras dos años de aplicación de la ley, se ha reducido en 44 millones de cajetillas. En 2005, los catalanes compraron 888,7 millones de paquetes, cantidad que en 2007 disminuyó hasta 844,1 millones. La principal reducción se produjo entre 2005 y 2006, ante lo que el director de Salud aseguró que el reto es "mantener y reforzar la sensibilización de la gente".
Plasència ahondó en los beneficios de la ley señalando que "los catalanes fuman menos que nunca en los últimos 30 años [desde que se recogen datos sobre el tabaquismo]". Durante 2007, 42.653 personas dejaron el tabaco tras ser atendidas en centros de atención primaria. La exposición involuntaria al humo en el ámbito laboral se ha reducido en un 80-90%.
Retrato del local infractor
La búsqueda de infracciones ha generado 255 expedientes sancionadores desde que la ley entró en vigor (78 en 2006 y 177 el año pasado). 137 siguen en tramitación, pero el resto, 118, han originado sanciones con un importe medio cercano a 1.000 euros. De estos expedientes puede esbozarse el perfil del local que incumple la ley. Se trata de bares y restaurantes de más de 100 metros cuadrados (58% de las sanciones) que no han habilitado adecuadamente la zona para fumadores. Le siguen los hornos o pastelerías (27%) con espacios para fumadores, cuando en este tipo de establecimientos está tajantemente prohibido. El 8% de las sanciones se impusieron a clientes que fumaron en sitios no permitidos, pese a estar debidamente señalizado.
La presión de la Generalitat sobre los establecimientos públicos también aumentó el año pasado. En 2006 se realizaron 9.966 inspecciones, mientras que en 2007 fueron 11.380. Sólo el 16% detectó incumplimientos de algún tipo, por lo que Plasència destacó "el alto nivel de cumplimiento" de una ley que, hace dos años, "generaba un gran rechazo y desconfianza en el sector".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de febrero de 2008