El grupo parlamentario de Compromís reclamó ayer al Gobierno valenciano del PP que "impulse una Ley Integral de Educación Especial, que normalice y mejore la situación de los alumnos con algún tipo de discapacidad dentro del sistema educativo", y que esta legislación vaya acompañada de "la dotación presupuestaria suficiente para poder aplicar la ley con todas las garantías".
La petición de la diputada Mireia Mollà se produce un día después de que EL PAÍS revelara que cinco meses después de haber comenzado las clases, Hacienda mantiene congelada una partida de 1,4 millones para incorporar 70 educadores y fisioterapeutas a medio centenar de colegios, para cubrir las sustituciones y plazas de nueva creación aprobadas por la Consejería de Educación el año pasado. "La deficiente planificación y los escasos recursos destinados a educación especial han llevado a muchos centros a situaciones difíciles".
Mollà reiteró: "Son continuos los casos que se van conociendo de las necesidades que padecen los centros educativos por culpa de la deficiente inversión presupuestaria del Consell". De hecho, denunció, "con el PP, el País Valenciano está a la cola de todo lo referente a políticas sociales, mientras se dedica a proyectos de dudoso beneficio social con una clara finalidad de autopromoción".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de febrero de 2008