No era necesario esperar a la difusión de la estimación del crecimiento de la economía española en el cuarto trimestre del pasado año para concluir que atraviesa por una fase de clara desaceleración. En esos tres meses finales de 2007 el crecimiento medio anual, según el Banco de España, fue del 3,5%, medio punto inferior al registrado en el primer semestre. En el conjunto del año, la tasa correspondiente fue del 3,8%. Son ritmos de crecimiento que siguen contrastando muy favorablemente con el conjunto de las economías avanzadas y con la propia historia de la economía española. No olvidemos que estas tasas de expansión tienen lugar tras 14 años de crecimiento ininterrumpido y, no menos relevante, tras la emergencia de una crisis financiera internacional de cierta gravedad.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el promedio de las instituciones que hacen predicciones económicas respetadas sitúan la tasa media de crecimiento del PIB español en el entorno del 2,7% en 2008, más de un punto porcentual inferior al registrado el pasado año. La intensa dependencia del ahorro exterior es la causa que mejor explica el menor crecimiento en sectores que en el pasado asumieron un protagonismo muy destacado, como es el caso de la construcción residencial. La menor creación de empleo que seguiremos observando en los próximos meses tienen en esa debilidad de las actividades inmobiliarias buena parte de sus causas. Y esta clara percepción negativa, no hay que olvidarlo, es la que permanecerá en la retina de los votantes el próximo 9 de marzo.
La otra amenaza que pesa sobre nuestra economía es la persistencia de tensiones inflacionistas significativamente superiores a las de los países con los que compartimos moneda y con los que realizamos la amplia mayoría de nuestros intercambios de bienes y servicios. Aun cuando las causas del repunte de precios sean comunes a las del resto de la eurozona (el encarecimiento del petróleo, de las materias primas y de los alimentos), el marcado diferencial en el ritmo de crecimiento de nuestros precios sigue denunciando graves carencias competitivas.
Una inflación elevada puede dificultar la aplicación de políticas expansivas encaminadas a neutralizar los efectos de la desaceleración global. Por ello, la política económica que debe practicarse en España, además de rechazar los intereses exclusivamente electorales, debería tratar de compatibilizar dos exigencias esenciales: desactivar las intensas presiones sobre los precios y reducir la brecha con Europa en dotación de capital, fundamentalmente humano y tecnológico. La capacidad de maniobra que otorgan las finanzas públicas españolas debería utilizarse para mitigar el efecto de la desaceleración, como enseñan otros países y el propio FMI recomienda. Pero sería mucho más eficiente hacerlo con propósitos más ambiciosos que los de arañar votos en las próximas elecciones generales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de febrero de 2008