Escribo a propósito de la noticia aparecida en su periódico el pasado día 29 en la que se refería la historia de dos argentinos a los que se negó la entrada al país y que, en consecuencia, demandaban al Estado español. En la demanda que presentaron se pedía un resarcimiento económico por haber sido objeto de "discriminación y malos tratos" (la pareja sostiene que la policía nacional, además de tratarlos con altanería, les llamó sudacas).
A mí lo que me parece verdaderamente grave del asunto, al margen del racismo que se denuncia, es la Ley de Extranjería a la que se han acogido para expulsar a Walter y María Silva, que es la misma que rige otras decenas de expulsiones diarias: una ley que establece que los extranjeros que deseen entrar en España deben hacerlo con 60 euros por día de estancia previsto en los bolsillos, con una carta de invitación y con una reserva hotelera. Todo aquel que no cumpla con los requisitos se convierte en sospechoso, no de delincuente o de narcotraficante, sino de pobre.
Este filtro es una violación flagrante de los derechos más fundamentales del hombre. Más allá de los malos tratos policiales, habría que demandar el maltrato legal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de febrero de 2008